El Ministerio de Economía sigue dando pasos en su estrategia de liberalización del comercio minorista. Para ello, además de ampliar a 24 ciudades españolas de la libertad total de horarios comercial y de aperturas en festivos mediante la extensión de las llamadas Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), el pasado 4 de julio aprobó también una modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Lorcomin), por la que se simplifica y agiliza la normativa para la apertura o el traslado de grandes superficies comerciales en toda España.
Una medida que tendrá rango de ley estatal y cuyos efectos más significativos son la supresión de la llamada «segunda licencia» y la eliminación del informe sobre el impacto económico en la zona, que muchas comunidades autónomas y ayuntamientos utilizaban como freno para impedir la intalación de hipermercados en su territorio.
En concreto, la nueva normativa establece que la implantación de establecimientos comerciales sólo se podrá someter a una única autorización «que se concederá por tiempo indefinido, cuando concurran razones imperiosas de interés general». Razones que las Secretaría de Estado de Comercio concreta exclusivamente en el caso de que las instalaciones o infraestructuras físicas sean susceptibles de generar daños en el medio ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico artístico.
Respecto al procedimiento de concesión, el nuevo texto de la Lorcomin establece que no podrán utilizarse requisitos de carácter económico, entre otros aquellos que limiten la libertad de establecimiento a la acreditación de la existencia de demanda efectiva , por lo que se eliminan restricciones injustificadas por la defensa de modelos empresariales determinados en detrimento de otros y la intervención de los competidores en los procesos de autorización.
El cambio normativo profundiza también en las medidas para la simplificación y racionalización de los trámites administrativos para la apertura o traslado de estos centros comerciales, consagrando el procedimiento integrado para la autorización comercial mediante la inclusión de todas las actuaciones en un único procedimiento.
Esto significa que bien la comunidad autónoma o bien el ayuntamiento tramitarán de forma conjunta la solicitud de implantación de la superficie comercial, por lo que el operador acudirá a una ventanilla única. Actualmente los empresarios tienen que acudir por separado a cada una de ellas.
Reducción de plazos
Finalmente, se reduce el plazo para la resolución de estos procedimientos de seis a tres meses. En la actualidad hay ya comunidades autónomas con procedimientos abreviados, que suponen un plazo máximo de un mes en determinados procedimientos, o donde los procedimientos se sujetan a un régimen de comunicación previa o declaración responsable, e incluso se han eliminado todo tipo de intervenciones previas, incluidas licencias municipales.
Para los responsables de la Secretaría de Estado de Comercio, esto demuestra que «es posible simplificar y reducir los procedimientos eliminando trámites superfluos sin menoscabo de las garantías que en materia de medioambiente y urbanismo deban preservarse».
Todo ello a su vez, añaden, «es acorde con los informes y mandatos de organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la propia Comisión Europea, que subrayan la necesidad de reducir las cargas administrativas existentes para la apertura y puesta en marcha de nuevos establecimientos que se traducen en costes importantes de tiempo y dinero para los prestadores que quieren acceder al mercado».
La tesis que inspira este apuesta del Gobierno por la liberalización comercial es que, a más libertad, más crecimiento, más empleo y más volumen de negocio. Para ello toma como referencia la exitosa experiencia de las citadas catorce ciudades en las que se reguló el concepto de las ZGAT hace ahora dos años. Y es la necesidad de seguir reforzando el atractivo de España como destino turístico, potenciando la oferta de las compras, junto con el fomento de la competitividad y del empleo en el sector comercial, el objetivo primordial que persigue esta nueva liberalización.
Actualmente, en España se han declarado 698 ZGATs en un total de 530 municipios, la mayoría en comunidades turísticas, como Canarias, Baleares, Cataluña y Valencia, además de Madrid.
Fuente: Eleconomista.es 04/08/2014
