Los comerciantes de los distritos pagarían para mejorar sus servicios. El sistema que llevó de la degradación a la exuberancia a lugares como Times Square, la plaza por excelencia de Nueva York, puede llegar a España si prosperan los planes del Ministerio de Economía. Se trata de cambiar el modelo de gestión de un barrio o un distrito de una ciudad y encomendarlo a una nueva figura, el distrito de mejora empresarial (BID, por las siglas en inglés de business improvement district), en el que se entrega al menos una parte de su gobernanza a manos privadas.
Esa figura ha supuesto la creación de zonas de primera más limpias, con más seguridad y mejores servicios. El PP ha presentado una proposición no de ley en la Comisión de Economía del Congreso instando al Gobierno a poner en marcha esta figura, “desarrollando los programas de incentivos y propiciando todos los cambios normativos que para ello fuese necesario”.
Casi medio siglo después de que se creara el primer BID en Toronto (Canadá), una veintena de países emplean ya esa figura. Asociaciones de comerciantes o empresarios asumen tareas que van desde el mantenimiento, la limpieza y la promoción del barrio hasta cuestiones mucho más polémicas como la seguridad. Todo depende de hasta dónde esté dispuesto a llegar el legislador y la entidad que se cree. La principal diferencia con las actuales asociaciones de comerciantes radica en que la pertenencia no es voluntaria: todos los comerciantes deben abonar una tasa que recauda el Ayuntamiento y que luego ingresa en las arcas del BID. “La fórmula permite eliminar la figura del free rider, es decir, del comerciante que no paga las cuotas, pero que se beneficia de las mejoras que consiguen los asociados que sí las abonan”, explica Helena Villarejo Galende, profesora de Derecho Público de la Universidad de Valladolid.
La constitución de un BID no supone en ningún caso que la Administración deje de actuar en ese barrio. Sigue proporcionando los mismos servicios que antes de su creación, pero sí delega, o al menos comparte, competencias, lo cual supone una cierta privatización de la gestión y el gobierno del espacio público. “Se está creando un gobierno privado, por lo que en muchos casos la Administración forma parte del consejo de la entidad”, expone Villarejo. Además, la autoridad municipal debe aprobar su creación, que requiere de dos condiciones: un plan de negocio y un referéndum entre los comerciantes. Cada país exige una mayoría más o menos cualificada en esa consulta para que el proyecto salga adelante.
Los profesionales del comercio llevan tiempo pidiendo la creación de esa figura legal en España. “Históricamente, las asociaciones de comerciantes se han encargado de dinamizar los centros de las ciudades. Las actividades que se hacían, como los shopping night [noches de tiendas abiertas], tenían una parte de financiación pública que con la crisis ha desaparecido. Los BID permitirían afrontar esos gastos”, señala Carlos Bejarano, secretario de la comisión de Comercio y Ciudad de la Confederación Española de Comercio. La idea de la patronal es que a finales de año ya se haya elaborado una normativa básica que cada comunidad autónoma pueda luego adaptar.
Fuentes de Economía aseguran que ya se está trabajando en esa figura, aún sin plazos. La proposición no de ley aprobada por la comisión correspondiente del Congreso insta al Gobierno a avanzar en la implantación de los BID en España. El texto considera que las calles comerciales requieren de “estrategias de promoción y gestión” similares a los centros comerciales y “disponer de un sistema propio de financiación”.
La propuesta del PP define estas figuras como “organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente” que prestan “servicios públicos adicionales dentro de un área geográfica específica” con los ingresos que obtienen a raíz del pago de un “impuesto por parte de los propietarios y/o comerciantes”. “En ellos, los propietarios comerciales pagan tasas extra para recibir servicios extra”, reza la proposición, que pone la figura como fórmula para competir con los centros comerciales ubicados fuera de las ciudades y para dotar a los centros urbanos de más recursos sin necesidad de subir los impuestos a los ciudadanos. Solo Izquierda Plural se opuso.
A la espera de que Economía disponga de un borrador, Cataluña y Madrid han ido perfilando esas áreas. El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) y los comerciantes llevan años reivindicando esa regulación. “Hemos firmado un convenio con el sector que hemos llamado preBID, pero nos falta la legislación pertinente”, explica su teniente de alcalde de Promoción Económica, el socialista Amadeu Aguado. Ese acuerdo, afirma el concejal, supone crear una “mesa de trabajo permanente” que decide de forma concertada sobre actividades de ocio, cultura, limpieza, mantenimiento o promoción.
El Gobierno catalán trabaja también en la creación de esas áreas, a las que denomina “comunidades de promoción de iniciativas empresariales”. El PSC presentó incluso el pasado diciembre una proposición de ley para regular las “áreas de promoción de la economía urbana” que acabó siendo rechazada. El Ayuntamiento de Barcelona ha realizado un estudio jurídico para delimitar esas zonas, aunque por ahora las ha aparcado al concluir que primero requiere un marco regulatorio estatal y autonómico, indican fuentes municipales.
En cambio, el consistorio de Madrid sí ha aprobado este año crear lo que ha denominado “zonas de iniciativa emprendedora”. Su subdirectora general de Comercio y Mercados, Concha Díaz de Villegas, explica que “esas entidades, que se conciben como los BID españoles, deben servir para que los comerciantes puedan prestar servicios suplementarios a los que da el Ayuntamiento”.
A falta de una regulación estatal, la Corporación propone que la recaudación se realice a través de contribuciones especiales. Los comercios pueden proponer, por ejemplo, una iluminación para Navidad y requerir que el Ayuntamiento recaude una contribución especial. La solicitud debe estar avalada por un 51% de los comerciantes y dos terceras partes de quienes deben abonar lo que se quiere recaudar.
Estas zonas no solo son de tiendas. En España algunos polígonos industriales y áreas de oficinas se han interesado por constituir estas entidades, y en Alemania incluso ha habido alguna experiencia en el sector residencial. En Escocia, por ejemplo, en seis años se han implantado 40 áreas de este tipo. Una portavoz de Business Improvement District Scotland, la organización que coordina los BID escoceses, explica que, después de esa primera fase, los esfuerzos se dirigen ahora a crear entidades temáticas: para parques empresariales, ocio y turismo, marina, cultura y arte, alimentación o la moda.
Su constitución precisa de un referéndum previo entre los implicados
El grado de privatización del espacio público dependerá del legislador. Miguel Bratos, investigador de Sociología de la Universidad de Valladolid, prevé que el modelo español se basará en el británico y el norteamericano. El único documento que desarrolla las funciones de unos eventuales BID es la rechazada proposición del PSC. Este texto incluía actividades de promoción o regeneración comercial, pero también la mejora de “los grados de prestación de servicios públicos municipales, así como medidas que mejoren la vigilancia y la seguridad de las calles y los espacios urbanos donde se concentra su ámbito de actuación”.
Bratos recalca que la seguridad es uno de los aspectos “más polémicos”, pues supone dar más peso a la vigilancia privada. “En algunos BID existen los safety ambassadors, unas patrullas que circulan por la zona para disuadir de ciertos actos y que avisan a la policía. Trasladarlo a España es complicado”, incide. En algunos, incluso, se actúa contra la mendicidad. No se echa a los mendigos, cuenta Bratos, pero se llega a presionar a quienes piden en la calle para que abandonen el barrio. Villarejo coincide en que la controversia de los BID tiene que ver con “el ejercicio de las funciones públicas”. “Se plantea un problema cuando se instalan cámaras de vigilancia o cuando se decide qué actividades son o no deseables”, asevera.
La seguridad no supone una prioridad para todos los BID. Lo ha sido en barrios con problemas de delincuencia, pero no en los que requerían, sobre todo, de actuaciones de promoción económica. Díaz de Villegas rechaza que la regulación española alcance ese extremo. “En algunos países han llegado incluso a dictar normas de convivencia. Aquí no se piensa en eso”, dice.
El País 23/06/2014
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