Las organizaciones empresariales y sindicales de la cadena agroalimentaria, Comercio (ICOMERC.MC) distribución y hostelería (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB; Aecoc, Anged, Aces, Asedas, CEC, Fehr, Fehrcarem, CCOO Feagra, UGT Fitag, UPA, COAG y Asaja) han considerado «inasumible» una nueva subida del IVA y animan a apoyar fiscalmente la incipiente recuperación económica.
Las instituciones se han unido en un comunicado para denunciar que este tipo de medidas minan la competitividad del sistema agroalimentario y de los sectores ligados al consumo, que podría disminuir aún más con el incremento o reclasificación del IVA que parece vislumbrase, y que afectaría a muchos productos básicos para los hogares.
Las organizaciones empresariales han señalado el impacto de estas medidas en el empleo y han destacado que en la hostelería el incremento de costes supone la desaparición del 40% del mercado de vales, y una pérdida de facturación en torno al 2,5%, con una consecuencia sobre el empleo de 12.000 puestos de trabajo.
Por otro lado, también han destacado el incremento de los peajes de acceso de las tarifas eléctricas. Por lo que se refiere al regadío, la factura de la luz se ha encarecido en una media superior al 80%, con un incremento de los costes fijos -regulados- de más de un 1.000%.
Las organizaciones de estos sectores reiteran que todas estas medidas están haciendo que la competitividad de las empresas españolas se reduzca poniendo en peligro la senda de la recuperación.
Respecto a la reforma fiscal, ya han advertido al Ejecutivo que una reforma que se articule en base a incrementos impositivos que graven el consumo tendría un efecto devastador para los sectores.
Además, han recalcado que un nuevo incremento fiscal en estos bienes tendría un impacto muy negativo no sólo en los sectores representados, sino en la recuperación económica general, ya que un parón en el consumo podría arrastrar en cadena al resto de variables macroeconómicas.
Las asociaciones encargaron un estudio, realizado por el Centro de Estudios Económico Tomillo, en el que presentan un escenario en el que los productos que soportan el tipo reducido de IVA (10%) pasarían a gravarse al general (21%), que podría ocasionar una destrucción de 155.295 empleos y el Estado dejaría de ingresar 2.183 millones de euros.
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