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El pequeño comercio contraataca ante las comisiones por el pago con tarjeta

El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmando que las tasas que Mastercard aplica a los comercios son ilegales al perjudicar la libre competencia a la hora de fijar los precios minoristas ha reabierto la puerta para que el pequeño comercio pida la rebaja de las comisiones que actualmente pagan por cada compra que se realiza con dinero electrónico.

El pequeño comercio acaba de ver la luz al final del túnel del conflicto que desde hace años mantiene con las entidades financieras, en general, y con las compañías expendedoras de tarjetas de crédito y de débito en particular, por las comisiones que estas últimas cobran por cada operación que se realice.

Un enfrentamiento que puede tener sus días contados, tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmando que las tasas que Mastercard aplica a los comercios son ilegales al perjudicar la libre competencia a la hora de fijar los precios minoristas.

«Se trata de una decisión histórica cuyo impacto todavía es pronto para calibrarlo», señalaba a EL DIA el secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), José Guerrero, recordando que aunque las comisiones se han rebajado tras el acuerdo alcanzado en 2005 entre las asociaciones comerciales y los sistemas gestores sobre la fijación de las tasas multilaterales de intercambio en los pagos por tarjeta, todavía siguen siendo muy altas y se mantienen constantes desde 2010.

«A esto hay que sumarle que son las propias compañías emisoras de las tarjetas las que deciden, por cuenta propia, qué tasas aplican a uno u otro comercio, dentro de los límites máximos establecidos».

En concreto, entre el 0,4% y el 1,2% del valor de la transacción, según los cálculos de la Comisión Europea, que cifra en unos 25.000 millones de euros al año los costes para los comerciantes derivados de esta tasa.

Elevada factura

Una cantidad nada despreciable si se tiene en cuenta la difícil situación que atraviesa el pequeño comercio ante el parón de la demanda interna y que puede verse aumentada tras las últimas medidas contra el fraude aprobadas por el Gobierno limitando el pago en efectivo.

«Partiendo de la base de que en nuestro país el mercado de terminales de punto de venta (TPV) está monopolizado por la banca se trata de una vía más para que ésta nos fría aún más a comisiones», indicaba Guerrero.

Por este motivo, desde la Confederación se va a pedir al Gobierno que la sentencia de la Unión Europea se aplique en nuestro país y se haga extensible al resto de sistemas de medios de pago. «Consideramos que la Comisión Nacional de la Competencia debe tomar cartas en el asunto», apostilla el secretario general de la CEC, matizando que aunque la sentencia les arma de argumentos tampoco van a pedir la eliminación total de las comisiones por el uso de tarjetas en las transacciones comerciales.

«Somos realistas y por eso vamos a centrar nuestros esfuerzos en conseguir un acuerdo justo», concluía.

‘Licencia exprés’

En relación con las medidas de impulso y liberalización del comercio aprobadas por el Consejo de Ministros, entre ellas la denominada ‘autolicencia exprés’ que permite la apertura inmediata de pequeños establecimientos gracias a la eliminación del actual sistema de licencias municipales, el secretario general de la Confederación Española de Comercio considera que aporta más beneficios que perjuicios, por lo que no queda otra que valorarla de forma «muy positiva».

«Todo lo que sea eliminar la carga burocrática sirve para dinamizar el tejido comercial», apostilla.

Una opinión que contrasta con la de la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA), que a través de un comunicado de prensa ha criticado que la citada autolicencia no se haya acotado sólo a autónomos y pymes como inicialmente se había planteado.

Desde OPA, se señala que, como punto de partida, la autolicencia exprés es beneficiosa para los autónomos, dado que reducirá los gastos y los plazos de apertura de un establecimiento que, actualmente, varían entre los seis y los dieciocho meses, pero se considera fundamental que se restrinja para fomentar la competitividad.

 

Eldiadigital.es 28/05/2012

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